DEMANDAN A LOS BANCOS QUE FINANCIARON LA DICTADURA
Los prestamistas de la muerte
Hijos de detenidos-desaparecidos en La Plata demandarán a los bancos que financiaron la dictadura, cuya maquinaria de muerte se hubiera detenido sin esa ayuda. Los bancos contaban con precisa información sobre lo que ocurría, por lo que debieron imaginarse el dolo eventual que causarían.
Los prestamistas de la muerte
Hijos de detenidos-desaparecidos en La Plata demandarán a los bancos que financiaron la dictadura, cuya maquinaria de muerte se hubiera detenido sin esa ayuda. Los bancos contaban con precisa información sobre lo que ocurría, por lo que debieron imaginarse el dolo eventual que causarían.
Por Horacio Verbitsky
Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe presentarán un reclamo judicial contra los bancos extranjeros que financiaron a la dictadura militar que secuestró e hizo desaparecer a sus padres, en 1976 y 1977 en la ciudad de La Plata. Un estudio porteño de abogados, con apoyo de expertos de la Universidad de Nueva York, invocará normas y antecedentes internacionales y norteamericanos, como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS, y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices. “Quiero saber quién le daba plata a la Junta Militar que gobernaba un país quebrado pero podía pagarle el sueldo a los asesinos de mi padres y comprar las máquinas para torturarlos”, explica María Elena Perdighe, de asombroso parecido con su madre, según afirman quienes la conocieron.
Complicidad corporativa
Según el tribunal de Nuremberg el responsable de un plan criminal necesita para ejecutarlo “la cooperación de políticos, militares, diplomáticos y empresarios. No puede considerárselos inocentes si sabían lo que estaban haciendo”. Los bancos que otorgaron créditos a la dictadura argentina deberían reparar los daños personales sufridos dada su “responsabilidad por complicidad corporativa”. Una fuente valiosa de información sobre el tema fue una investigación académica en curso de la directora del Programa de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Veerle Opgenhaffen, y del jurista argentino Juan Pablo Bohoslavsky, Hauser Fellow de la misma universidad, donde será presentada el 14 de abril. El estudio consigna que en 1976 la deuda pública externa de la Argentina era de 6.648 millones de dólares y en 1983 llegó a 31.709 millones. Las dos terceras partes (20.658,7 millones) correspondían a créditos bancarios, sin contar otros 5.441 millones en bonos, que presumiblemente también estaban en poder de los bancos. A mediados de la década de 1970 los bancos internacionales habían acumulado una enorme masa de petrodólares y presionaron a países de dudosa capacidad económica para que tomaran créditos, que en muchos casos usaron para reprimir a sus pueblos, como en el caso argentino. (continúa) Hacer click aquí para leer el artículo completo
Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe presentarán un reclamo judicial contra los bancos extranjeros que financiaron a la dictadura militar que secuestró e hizo desaparecer a sus padres, en 1976 y 1977 en la ciudad de La Plata. Un estudio porteño de abogados, con apoyo de expertos de la Universidad de Nueva York, invocará normas y antecedentes internacionales y norteamericanos, como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS, y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices. “Quiero saber quién le daba plata a la Junta Militar que gobernaba un país quebrado pero podía pagarle el sueldo a los asesinos de mi padres y comprar las máquinas para torturarlos”, explica María Elena Perdighe, de asombroso parecido con su madre, según afirman quienes la conocieron.
Complicidad corporativa
Según el tribunal de Nuremberg el responsable de un plan criminal necesita para ejecutarlo “la cooperación de políticos, militares, diplomáticos y empresarios. No puede considerárselos inocentes si sabían lo que estaban haciendo”. Los bancos que otorgaron créditos a la dictadura argentina deberían reparar los daños personales sufridos dada su “responsabilidad por complicidad corporativa”. Una fuente valiosa de información sobre el tema fue una investigación académica en curso de la directora del Programa de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Veerle Opgenhaffen, y del jurista argentino Juan Pablo Bohoslavsky, Hauser Fellow de la misma universidad, donde será presentada el 14 de abril. El estudio consigna que en 1976 la deuda pública externa de la Argentina era de 6.648 millones de dólares y en 1983 llegó a 31.709 millones. Las dos terceras partes (20.658,7 millones) correspondían a créditos bancarios, sin contar otros 5.441 millones en bonos, que presumiblemente también estaban en poder de los bancos. A mediados de la década de 1970 los bancos internacionales habían acumulado una enorme masa de petrodólares y presionaron a países de dudosa capacidad económica para que tomaran créditos, que en muchos casos usaron para reprimir a sus pueblos, como en el caso argentino. (continúa) Hacer click aquí para leer el artículo completo
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